PROTECCIÓN DE DATOS INVESTIGA SI LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN UN INSTITUTO DE VALENCIA VULNERA LA LEY
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que la colocación de
24 cámaras en el instituto público Abastos de Valencia y la instalación de tornos
con reconocimiento de huellas dactilares para controlar los accesos al centro
podrían ser medidas "desproporcionadas e intrusivas para la privacidad de los
alumnos" y, por ello, ha abierto una investigación para "esclarecer si ha existido
vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)".
El director de la AEPD, Artemi Rallo, ha ordenado "que se inicien de oficio
actuaciones de investigación", según explica la agencia en un comunicado.
Aprobado por unanimidad
Protección de Datos cree que "la ubicación de cámaras de videovigilancia en
zonas como los baños del centro educativo" y"la utilización de la huella dactilar
[dato biométrico que permite la identificación de las personas] como medio para
controlar el acceso" de los alumnos "podrían ser constitutivas de infracciones
graves y muy graves de la LOPD.
El director del instituto Abastos, Alberto Pérez, confirmó el lunes que el Consejo
Escolar de centro - que representa a padres, profesores y personal no docenteaprobó
el pasado 9 de abril por unanimidad la instalación del sistema de
videovigilancia y el de acceso mediante tornos. Pérez informó de que las cámaras
instaladas en el centro, incluida una en el acceso a dos baños considerados "muy
problemáticos", está en funcionamiento desde el principio de curso.
"Una prisión"
En las instalaciones estudian 1.300 alumnos de edades entre los 11 y los 40 años,
puesto que en el instituto se cursan también estudios de ciclo medio y superior y
bachilleratos.
El director del instituto insistió en que de 24 baños que hay en el centro
únicamente se controlan dos, y que las cámaras en este punto se han instalado
"respetando las zonas delicadas". Pérez aseguró estar muy satisfecho del resultado
de la medida hasta el momento e indicó que desde el mes de octubre se última la
puesta en marcha del sistema de control de accesos.
El Sindicat d'Estudiants denunció el viernes en un comunicado la instalación de las
cámaras y los dispositivos de acceso y acusó a la dirección del centro de convertirlo
"en una prisión" y de tratar a los alumnos como "delincuentes juveniles".
